Eninder: ¿el principio del fin de la impunidad?

Nota de Tapa

 “Allanamiento”en el Ente: avance en la causa por
sospechas de corrupción

 

La intervención de la Justicia Federal en la sede del Eninder para llevarse documentación, en el marco de la causa por supuesto pago de sobreprecios y desvío de fondos en obras realizadas en Villa María, constituye un paso más para echar luz a las sospechas de corrupción y debilitar las garantías de impunidad que existieron para Accastello y los funcionarios implicados.

Escribe: Germán Giacchero

Ni los miles de kilómetros de distancia que lo separaban de la ciudad que gobierna pudieron sustraerlo de las malas noticias. Mientras el intendente Martín Gill exponía en China sobre la experiencia de Villa María como ciudad del aprendizaje,la policía por orden de la Justicia Federal se presentaba en la sede del Eninder, previo paso por el estudio jurídico del director gerente del ente, Edgar Bernaus, para retirar documentación relacionada con la causa por presunto pago de sobreprecios y desvío de fondos.

Unas horas antes de esa intervención judicial en la ciudad, el fiscal federal Guillermo Marijuanhabía denunciado por “malversación de caudales públicos” a 52 universidades nacionales, entre ellas la de Villa María. El pedido de investigación se relaciona con la sospecha de manejo irregular de  millones de pesos que fueron transferidos a las casas de altos estudios durante el gobierno kirchnerista.

Con estas novedades para digerir, el efecto “jet lag” por el viaje transoceánico debe de haber sido mejor asimilado. Es que Gill tiene motivos para estar en alerta. Es el actual presidente del Eninder, cargo tomado por “herencia” según el estatuto del ente, y fue durante años el rector de la universidad y, por tanto, con responsabilidad en los manejos de  los recursos enviados por  la Nación, que hoy son puestos bajo la mira de la Justicia. Durante un tiempo actuó también como titular de la Secretaría de Políticas Universitariasen el gobierno de Cristina.

El contraste

Más allá de tener un vínculo directo o indirecto en ambos asuntos, la onda expansiva de estas causas contrasta con la imagen de transparencia que pregona la actual administración municipal. Gill ha dado fuertes señales en este sentido: no solo hizo pública su declaración jurada de bienes (algo que su antecesor se empeñó en ocultar aún después de haber dejado el poder), también adhirió al paradigma de gobierno abierto y el municipio presenta sus “números” en una página de internet. Oficialistas y opositores comparten la sensación que este gobierno es más abierto que el de Accastello.

En el caso del Eninder, sin embargo, no se procedió de la misma forma. Ante la avalancha de cuestionamientos y un informe lapidario de la Auditoría General de la Nación (AGN), en julio pasado, el intendente prometió la ejecución de una auditoría externa en el organismo suprarregional, pero pasaron los meses y el control no se efectivizó.

“A principios de año, los ediles de la oposición plantearon la necesidad de que se realizara una auditoría de las cuentas y operaciones del Eninder. Con evidente reticencia, el oficialismo accedió a ello, pero sólo ‘en los papeles’. Porque en la práctica, por ‘H’ o por ‘B’, la actividad en tal sentido fue completamente nula. La demora en instrumentar la auditoría no admite excusas”, reclamó el ex tribuno de Cuentas José Naselli, uno de los denunciantes.

Y esto no es un detalle menor. En la causa se encuentran imputados viejos conocidos de la actual gestión: el ex intendente Eduardo Accastello; su pareja, la antigua secretaria de Economía municipal y actual concejal Verónica Navarro Alegre, y el allanado director del Eninder EdgarBernaus, además de ex funcionarios nacionales como Julio De Vido, Aníbal Fernández, José López, Abel Fatala, Carlos Kirchner y Nelson Pierotti.

Denuncias y dudas

Antes de que la Justicia pusiera manos a la obra, hubo una catarata de advertencias y preavisos respecto del supuesto manto de corrupción que se tejía en la aceitada arquitectura compuesta por tres vértices fundamentales: el Ministerio de Planificación, el Eninder y la Municipalidad de Villa María.

Esas señales de preocupación respecto de la caja negra del Eninder fueron resistidas y ninguneadas. Los  innumerables rechazos de operaciones irregulares formulados por los ex tribunos Naselli y Gustavo Maristany. El cajoneo de una denuncia por parte del fiscal Gustavo Atienza, bajo el insólito argumento que el Ministerio de Planificación a cargo de De Vido había realizado un “férreo control”de las cuentas cuestionadas.

También, las incalculables denuncias periodísticas y los reclamos por mayor transparencia ante la presencia de presuntas irregularidades, realizadas por este semanario y Radio Centro ante un coro mediático que permanecía en silencio. Y por fin, el informe de la AGN, que detectó el pago de sobreprecios del orden del 148% en obras como el techado del anfiteatro, el puente Juan Domingo Perón y pavimentación de calles.

El allanamiento al Eninder, que no fue tal, según se aclaró vaya a saberse con qué intención, fue una derivación de la denuncia realizada por Naselli en la Justicia Federal y ampliada luego por el ex candidato a intendente Juan Zazzetti, sobre la base del informe de la AGN. El juez federal de Villa María Roque Rebak emitió la orden a pedido de su colega del Juzgado Federal 6 de Buenos Aires, Rodolfo Canicoba Corral. La policía se llevó unas quince cajas con documentación.

Cabe preguntarse si los peritos podrán encontrar datos útiles -y sobre todo fidedignos- para la investigación. El tiempo invertido es tiempo perdido si no se actúa con celeridad y con anticipación. El factor sorpresa suele ser un gran aliado en las causas. Pero, la intervención judicial en el Eninder, aunque previsible y esperada en algún momento, solo pareció sorprender a unos pocos. Funcionarios del organismo y del municipio se mostraron tranquilos. “Hoy nadie, absolutamente nadie, puede garantizar que la documentación existente no haya sido objeto de manipulación”, advirtió Naselli.

Y los interrogantes no descansan, porque las dudas persisten. ¿Será el principio del final de la impunidad de algunos dirigentes? ¿Se podrá comprobar con certeza la existencia de actos de corrupción? ¿Recibirá la Justicia la colaboración necesaria para alcanzar la verdad? ¿Actuarán los funcionarios judiciales con la ética necesaria y el apego al mandato de hacer cumplir las leyes a todos los ciudadanos por igual?

Ojalá haya justicia. Simplemente eso.

 

 

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